Pobreza energética
Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)
La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización.
Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.
En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada.
A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.
En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros.
Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.
Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.
Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades
Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.
La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.
Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.
Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.
Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.
Retos comunes y respuestas locales
La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.
En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.
Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:
- Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
- Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
- Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
- Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía.
- Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.
Ciudades contra la pobreza energética
La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables.
En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua.
Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.
Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias.
Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.
Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.
Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales.
Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias.
A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables.
La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad.
Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia.
En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.
Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.
Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.
Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas
Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio.
La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa.
(*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).
Imagen principal: Unsplash.
